En el lapso de dos años se han multiplicado las causas judiciales a militantes de diferentes ámbitos relacionadas a la criminalización de la protesta en todo el país, pero en particular en la región cordillerana. Vinculadas a las recuperaciones y reclamos de las comunidades mapuche, y con mayor envergadura luego de la detención del lonko Facundo Jones Huala, y los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, se vienen desarrollando procesamientos e imputaciones a integrantes de diversas organizaciones, por parte de los juzgados federales, tanto de Esquel y Bariloche, como provinciales de Río Negro y Chubut. Las causas tienen todas las características de ser "armadas", con policías o gendarmes como únicos testigos. Dialogamos con Diana, del Colectivo Militante por los Derechos Humanos de El Bolsón, y con Javier Milani, de ATE El Bolsón, quienes nos contaron las causas que tienen en su contra. Diana fue denunciada por participar de la marcha en reclamo de justicia por Santiago Maldonado en El Bolsón, el día que fue hallado su cuerpo. Javier, por su parte, está procesado por participar del reclamo por la libertad de tres personas detenidas en la Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen el 10 de enero del 2017. Ambos nos cuentan su experiencia, el apoyo de la Gremial de Abogados, organización nacional de asesoramiento y acompañamiento legal, y la necesidad de profundizar la organización y no abandonar las luchas.